Santo Domingo. – El abogado, periodista y politólogo Manuel De Jesús Ruiz participó en un podcast especializado en Derecho y Política, donde expuso un diagnóstico sobre los principales desafíos del Derecho Administrativo dominicano, al tiempo que exhortó a impulsar reformas de fondo que garanticen mayor seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en la gestión pública.
De Jesús Ruiz destacó que la normativa actual se encuentra “fragmentada y poco coherente”, al estar dispersa en leyes, decretos y resoluciones, lo que genera desigualdades en su aplicación. En ese sentido, abogó por la creación de un Código de Procedimiento Administrativo o una Ley Marco que consolide principios y reglas comunes.
En su intervención, también analizó la necesidad de perfeccionar la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo, mediante regulaciones claras en materia de notificaciones electrónicas, silencio administrativo, plazos y recursos. Explicó que esta normativa debe estar armonizada con las leyes de Función Pública, Compras y Contrataciones y Transparencia, para evitar contradicciones y vacíos legales.
El jurista planteó además la reforma de la Ley 13-07 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con el objetivo de agilizar los procesos en el Tribunal Superior Administrativo y ampliar su capacidad de decisión en temas como medidas cautelares, ejecución de sentencias y control de reglamentos.
Sobre la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (41-08), el tambien consultor en materia de gestión pública denunció que persisten prácticas de clientelismo y falta de protección a los servidores de carrera, por lo que recomendó una modernización que garantice la meritocracia, la capacitación permanente y evaluaciones de desempeño efectivas.
En materia de contratación pública, opinó que, pese a las modificaciones introducidas por la recientemente promulgada la Ley 47-25, siguen existiendo dispersión de criterios y debilidades en procesos como compras menores, sorteos y contrataciones de urgencia. A su juicio, es fundamental la integración de estándares internacionales y el uso obligatorio de herramientas digitales en todas las fases de los procesos.
Otro de los puntos resaltados fue la urgencia de aprobar una Ley de Administración Digital, que regule la firma electrónica, expedientes en línea, interoperabilidad institucional y protección de datos personales.
Asimismo, también señaló que la Ley de Acceso a la Información Pública (200-04) requiere actualización para responder a las nuevas exigencias de datos abiertos, resguardar información sensible y establecer sanciones efectivas contra entidades incumplidoras.
Finalmente, subrayó la importancia de una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establezca mecanismos claros de indemnización por daños causados por actuaciones de la administración o por un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
“El país necesita un Derecho Administrativo coherente, moderno y adaptado a la era digital. No podemos seguir trabajando con normas dispersas que debilitan la institucionalidad y afectan la confianza ciudadana”, expresó el abogado.